El proyecto de ley 25.244 "Ley para facilitar la negociación de valores extranjeros en Costa Rica por implementación del reconocimiento de jurisdicción y la participación de inversionistas no domiciliados por medio de la operación remota de intermediarios bursátiles extranjeros", pretende vender una imagen de modernidad. Habla de internacionalización, de atraer #inversión extranjera, de ampliar las opciones para los #inversionistas costarricenses y de integrar al país a los grandes mercados financieros.
En teoría, resulta difícil oponerse a esos objetivos. Costa Rica necesita un mercado de #valores más dinámico, con mayor competencia, más liquidez y una oferta de instrumentos que deje atrás el rezago de un mercado pequeño y excesivamente cerrado.
El problema no es el destino. El problema es el vehículo con el que se pretende llegar. La Asamblea Legislativa discute una reforma que abriría las puertas del mercado #bursátil costarricense a intermediarios #extranjeros y al reconocimiento de otras jurisdicciones financieras, mientras el Estado sigue sin resolver una pregunta elemental: ¿quién va a vigilar ese mercado mucho más complejo?
Porque la realidad es incómoda. Costa Rica quiere jugar en las grandes ligas financieras con un sistema #supervisor que ni siquiera ha logrado convencer al país de que puede controlar adecuadamente el campeonato local.
Los promotores del #proyecto hablan de competitividad, innovación y globalización. Lo que omiten decir es que esta reforma traslada una enorme responsabilidad a la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), una institución que deberá supervisar operaciones internacionales, coordinar con reguladores extranjeros, evaluar jurisdicciones, intercambiar información con autoridades de otros países y controlar riesgos cada vez más sofisticados.
La pregunta política es inevitable: ¿de verdad existe alguien en el Gobierno, en el #CONASSIF o en la Asamblea Legislativa que pueda afirmar, con absoluta seriedad, que la #SUGEVAL está preparada para asumir semejante desafío?
Los antecedentes no permiten ese optimismo. El caso #ALDESA dejó una profunda herida en la confianza de miles de #inversionistas y expuso las limitaciones del sistema de supervisión para identificar oportunamente riesgos que durante años fueron creciendo frente a las autoridades. Años después, la intervención de #Coopeservidores volvió a demostrar que el sistema de supervisión financiera costarricense continúa reaccionando cuando las #crisis ya son prácticamente inevitables. Cada caso responde a competencias regulatorias distintas, pero todos desembocan en una misma conclusión política: el ciudadano termina preguntándose para qué existe un aparato supervisor si las grandes crisis siempre parecen sorprenderlo.
Esa es la discusión que el expediente 25.244 parece querer pasar por alto. Porque supervisar operadores nacionales ya representa enormes dificultades. Supervisar intermediarios extranjeros que operan desde otras jurisdicciones exige un nivel de especialización, tecnología, intercambio internacional de información y capacidad de análisis muy superior al que hoy posee el Estado costarricense.
El proyecto descansa sobre un concepto técnicamente atractivo: el reconocimiento de jurisdicciones. En otras palabras, Costa Rica confiará en que determinados mercados extranjeros poseen estándares regulatorios suficientemente robustos para permitir que sus intermediarios operen aquí sin repetir todos los procesos de autorización.
La idea funciona en países cuyos supervisores cuentan con músculo técnico, recursos suficientes y capacidad permanente de coordinación internacional. ¿Puede decirse lo mismo de Costa Rica? Difícilmente.
La SUGEVAL enfrenta limitaciones presupuestarias, restricciones y competencia de recurso humano especializado en un mercado que ya hoy exige mayores capacidades de supervisión tecnológica. Sin embargo, el proyecto pretende multiplicar la complejidad del sistema sin que exista una sola discusión seria sobre las competencias institucionales que esa apertura demanda.
Más preocupante aún es que buena parte del funcionamiento real de la reforma quedará en manos de reglamentos posteriores. Será el CONASSIF quien defina cuáles jurisdicciones serán reconocidas, bajo qué criterios, qué controles existirán sobre los operadores extranjeros y cómo funcionarán los mecanismos de cooperación internacional.
En otras palabras, la Asamblea Legislativa aprobará un marco general, mientras delega los aspectos más delicados en las mismas instituciones cuya capacidad de supervisión hoy están altamente cuestionadas.
No deja de resultar paradójico que un Estado que durante años ha sido incapaz de simplificar trámites internos, fortalecer sus órganos supervisores o modernizar sus sistemas tecnológicos pretenda convencer a los costarricenses de que ahora podrá fiscalizar operaciones bursátiles transfronterizas de enorme sofisticación.
Eso no significa que el proyecto carezca de méritos. Por el contrario. La apertura puede generar enormes beneficios para el país. Los inversionistas tendrían acceso a mercados internacionales con mayor facilidad; aumentaría la competencia entre intermediarios; podrían reducirse las comisiones; ingresaría nueva tecnología financiera y Costa Rica tendría la posibilidad de integrarse de una vez por todas a un mercado global del que ha permanecido parcialmente aislada.
Pero precisamente porque los beneficios potenciales son tan importantes, el riesgo de hacerlo mal también es mucho mayor.
Una apertura sin #supervisión robusta y demostradas puede convertirse en la puerta de entrada para nuevos #riesgos financieros, conflictos de jurisdicción, arbitraje regulatorio y mayores dificultades para proteger al inversionista nacional. Incluso podría acelerar la salida del #ahorro costarricense hacia mercados internacionales en detrimento del desarrollo del mercado de capitales local, si las empresas nacionales continúan enfrentando desventajas estructurales para financiarse en bolsa.
El verdadero debate no debería centrarse en si Costa Rica debe internacionalizar su mercado de valores. Eso es prácticamente inevitable en una economía abierta. La discusión que el país necesita es otra: ¿por qué el Gobierno impulsa primero la apertura del mercado y deja para después —o simplemente ignora— la competencia del supervisor encargado de controlar esa apertura?
Resulta difícil no ver una inversión peligrosa de prioridades. Antes de construir un mercado financiero internacional, el Estado debería demostrar que posee instituciones capaces de administrarlo. Antes de abrir completamente las puertas al capital global, debería garantizar que quien custodia esas puertas tiene las herramientas y capacidades necesarias para hacerlo.
Porque las crisis financieras rara vez comienzan con una mala ley. Generalmente empiezan cuando el entusiasmo por liberalizar los mercados supera la capacidad del Estado para vigilarlos.
Y esa, precisamente, es la mayor advertencia que encierra el proyecto de ley 25.244, que están por aprobar los señores y señoras diputadas en la Asamblea Legislativa.