Ayer Costa Rica dio un paso importante al aprobar por unanimidad la reforma a la Ley 7786 (expediente 25.340), que incorpora a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (#PSAV) dentro del marco de prevención del #lavado de activos y el financiamiento del #terrorismo. En términos generales, la decisión es correcta: alinear la normativa con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (#GAFI) fortalece la credibilidad del país, facilita relaciones con el sistema financiero tradicional y protege a usuarios e inversores frente a riesgos evidentes en el ecosistema #cripto.
Sin embargo, la aprobación no debería cerrarnos los ojos ante los efectos no deseados ni ante preguntas básicas sobre quién y cómo va a implementar esta regulación. La norma promete orden y seguridad; la realidad exigirá capacidad técnica, recursos y sentido común regulatorio para evitar que lo que busca estabilizar termine asfixiando la innovación local.
Beneficios reales, pero con costo
La #regulación trae ventajas claras. Obligar a los operadores a registrarse y someterse a supervisión por parte de #SUGEF puede disminuir el uso ilícito de #criptoactivos, volver más transparentes las operaciones y abrir puertas bancarias a empresas que hoy enfrentan desconfianza. Para inversores y clientes, operar con proveedores supervisados significa menor riesgo de estafas, mejor trazabilidad y mayores garantías de cumplimiento.
No obstante, estos beneficios tienen un costo: implementar programas AML/KYC, sistemas de monitoreo de transacciones, auditorías y personal especializado representa una carga financiera y operativa significativa. Para #startups y proyectos pequeños, esos costos pueden ser prohibitivos. La consecuencia probable es una concentración del mercado en manos de empresas con mayor capacidad económica, o la simple deserción de actores que no puedan adaptarse.
El riesgo de fuga hacia jurisdicciones más laxas
Un riesgo palpable es la migración de actividad hacia plazas que ofrezcan menores barreras regulatorias. Jurisdicciones como El Salvador han mostrado apetito por posicionarse como destinos cripto con normas menos rígidas y procesos más ágiles. Si el régimen costarricense se aplica de forma estricta, lenta o costosa, es real la posibilidad de que proyectos, talento y capital se trasladen a lugares donde operar resulte más barato y rápido, aunque eso implique mayores riesgos reputacionales o de contraparte.
No debe subestimarse que la industria cripto es global y móvil: empresas y desarrolladores priorizarán entornos previsibles y competitivos. La regulación que busca evitar riesgos no puede convertirse en incentivo de deslocalización.
La gran pregunta: ¿está SUGEF preparada?
Más allá del texto legal, lo que define el impacto práctico será la capacidad institucional para aplicar la norma. Aquí surgen dudas críticas. Supervisar proveedores de activos virtuales exige #conocimientos técnicos sobre #blockchain, herramientas de análisis de transacciones, equipos de supervisión capaces de evaluar riesgos tecnológicos, y procedimientos ágiles que entiendan modelos de negocio novedosos (exchanges, custodios, plataformas DeFi con diferentes grados de descentralización).
SUGEF tiene experiencia valiosa en supervisión bancaria y de entidades financieras formales, pero regular cripto no es lo mismo que supervisar un #banco. Si la superintendencia no recibe recursos, personal especializado y formación adecuada, corremos varios peligros: decisiones erráticas, demoras administrativas que paralicen negocios, requisitos desproporcionados por desconocimiento técnico o aplicación de enfoques pensados para instituciones tradicionales que no encajan con la naturaleza tecnológica de muchas operaciones cripto.
Exigir controles no debe ser sinónimo de aplicar reglas copiadas sin adaptación. La autoridad debe evitar imponer cargas uniformes que no consideren riesgo por tipo de servicio ni escalas de operación. Además, la rapidez y claridad en la implementación serán decisivas: plazos largos o trámites opacos alimentan la incertidumbre y empujan a los actores a buscar alternativas.
Un llamado por una implementación proporcional y técnica
La reforma es un avance y, en lo fundamental, una respuesta necesaria a estándares internacionales. Pero su éxito dependerá de la forma en que se ejecute. Algunas recomendaciones prácticas que deberían acompañar la ley son: dotar a SUGEF de recursos técnicos y humanos especializados; implementar guías claras y proporcionales según tamaño y riesgo; crear espacios de diálogo público-privado y #sandboxes regulatorios para probar soluciones; y mantener plazos razonables que permitan la adaptación de emprendimientos.
Regular bien no es prohibir. Si Costa Rica quiere conservar talento y empresas del ecosistema cripto, debe combinar rigor y proporcionalidad. Si la balanza se inclina únicamente hacia la rigidez, terminaremos logrando una "seguridad" que, paradójicamente, empuja actividad a jurisdicciones menos exigentes y nos deja fuera de un mercado en crecimiento. La ley está; ahora resta la prueba más importante: demostrar que la supervisión será técnica, eficiente y orientada a preservar tanto la integridad como la innovación.