Mientras en el Régimen del Invalidez Vejez y Muerte (#IVM) el #Estado efectúa un aporte patronal de 5,42% como #cotización para el #seguro de sus trabajadores, que será de 5,58% a partir del 01 de enero de 2026 y escalará a 5,75% a partir del 01 de enero de 2029; en el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio (#RCC), el #aporte #patronal del Estado es de 6,75%, y de 14,36% en el caso del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (#FPJ), siempre en condición del Estado como patrono.
Está más que claro las diferencias entre cada uno de los regímenes son sustantivas. Y esta diferencia se hace más marcada cuando comparamos #afiliados y #contribuciones en cada uno de los regímenes. Según datos de la Superintendencia de Pensiones (#SUPEN), se estimaba que IVM, RCC y FPJ contaban con el 64,7%, 31,1% y 4,2%, respectivamente, de los 320 mil afiliados anuales en promedio (de 2017 a 2022).
En tanto, de las contribuciones del Estado como patrono, se estima una distribución de 49,5%, 32,5% y 18,0% para el IVM, RCC y FPJ, respectivamente, de los 219 mil millones de colones contribuidos anualmente en promedio para el mismo periodo.
La diferencia entre los fondos del RCC y el FPJ versus el IVM son muy evidentes y han creado un mundo de diferencia entre los afiliados a uno y otro. Es justo esa contribución patronal la que produce diferencias significativas, tanto en el perfil de requisitos y beneficios, como la necesidad de aportes elevados para alcanzar la sostenibilidad de estos regímenes de pensiones.
La jerarca de la SUPEN, Rocío Aguilar, reconoció que hay espacio para igualar la aportación patronal entre los tres regímenes básicos de pensiones, siempre y cuando “se incluyan normas transitorias para que los fondos puedan ajustarse con antelación y no se generen problemas para pagar las pensiones”, dijo a un medio nacional.
En línea con esa idea de la superintendente de pensiones, la diputada oficialista Pilar #Cisneros, presentó un proyecto de ley en el que propone realizar un ajuste en la cotización patronal de los regímenes del RCC y el FPJ, para que se uniforme con la que se realiza para el IVM, pero de forma gradual para que no se materialicen efectos significativos en la sostenibilidad financiera y actuarial de los regímenes que se verían afectados.
La respuesta de los interesados no se ha hecho esperar. Carlos Arias, director ejecutivo de Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (#JUPEMA), apuntó que la iniciativa de ley, lejos de la igualdad que pregona en términos del aporte patronal, lo que hace es allanar el camino para crear un solo régimen de pensiones. Según Arias, a lo que debería apostarse es ver cómo se financia el IVM en lugar de tratar de equiparar aportes.
Más allá de si el planteamiento de la jerarca de la SUPEN, es el camino correcto o no, si lo es el llamado que efectúa para que se abra una discusión nacional en torno al aporte patronal del Estado a las pensiones, sobre el que adelantó es necesario rediseñar la cuota estatal para que no sea sobre la remuneración del #trabajador.
Y sí que lo es. Un informe del 2020, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (#OCDE), alertó que para el 2030 el IVM tendrá que empezar a echar mano de sus reservas para financiar el déficit que provocará, entre otros factores, la reducción en las cotizaciones por el aumento en la edad de la población y por el incremento en la informalidad del empleo. Agrega la OCDE como #riesgos, el nivel de concentración de inversiones que ese régimen de pensiones tiene en deuda del Gobierno Central y del Gobierno en general.
“El 95% de los activos del pilar de beneficios de contribución definida se invierten en deuda del Gobierno en general, y el 87% en deuda del Gobierno Central”, advierte el Informe.
Y no solo el IVM está en problemas. El más reciente estudio actuarial realizado al FPJ da cuenta de que ese fondo deberá utilizar sus reservas, a partir del 2038, para hacerle frente al pago de los beneficios a los jubilados.
El estudio del año anterior, muestra que los aportes por cotizaciones y las ganancias de las inversiones del sistema serán insuficientes para afrontar los gastos a partir del 2038. “De acuerdo con las proyecciones, los ingresos serán superiores a los egresos hasta el año 2037; posterior a esa fecha, se debe tomar recursos patrimoniales de la reserva para hacerle frente al pago de los derechos en curso de pago (…). La reserva presenta un comportamiento estrictamente decreciente (…) se agotará en el 2048”, se cita en el Informe.
Influye en estos resultados la reducción en la cantidad de trabajadores del Poder Judicial y el menor crecimiento de salarios, debido a la Ley de Empleo Público, lo que ejercerá mayores presiones financieras a futuro. Y como es de esperarse, la Junta Administradora del Fondo descartó impulsar nuevos cambios legales, arguyendo que el sistema pasó, en el 2018, por cambios profundos.
Armonizar la contribución patronal a los regímenes de pensiones y velar por la estabilidad y sostenibilidad de estos, son primos hermanos en la discusión nacional que se debe abrir sin demora.
Claro, por un lado, igualar la carga de la contribución estatal ciertamente nivela la cancha y evita aquello de que en un país (sistema público) donde todos debemos ser iguales, “haya unos más iguales que otros”. La cuestión es, si ese paso garantiza la estabilidad y continuidad de los regímenes básicos de pensión, mejor aún, si se garantiza una pensión digna para los futuros pensionados, pues como lo advierten los estudios actuariales y otros informes, la sostenibilidad de los regímenes es la principal duda.
Y es que justo ese es el meollo del asunto. Nuevos cambios a nuestros regímenes pasan por ajustes a las cotizaciones (Estado, Patrono, Trabajador), que suelen ser al alza (donde parece no hay espacio y así lo advierte la OCDE); a los beneficios (las fórmulas de cálculo cada vez estrangulan más la pensión), o variar la edad de pensión (me parece que los 65 años en que ya estamos –IVM- es un tope), o una combinación de estos, más velar por otras opciones de eficiencia en la administración de esos fondos.
Como sea, la adopción de medidas a nivel de política pública para mejorar las pensiones es un imperativo, más si consideramos que los espacios se nos estrechan cada vez más; el #envejecimiento de la población amenaza la sostenibilidad de esos regímenes y no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Todos los caminos llevan a Roma. La proporción de pensión – salario en el país es de un 85%, muy superior al promedio de los países de la OCDE, cercana al 59%, según lo revela el Informe de esa organización.
La cancha está claramente marcada ¿quién se come la bronca?