En 2019 la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (#CCSS) aprobó cuatro incrementos escalonados para los aportes a los #trabajadores, #patronos y #Estado, con el fin de atenuar la crisis financiera del principal régimen básico de pensiones de Costa Rica, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (#IVM).
La cuota estatal vigente hasta el 2025 es de 1,57%, escalará 1,91% a partir de enero de 2026 y hasta enero de 2029. Ya en 2016, en una primera instancia, se había subido ese aporte de 0,58% a 1,24%.
Según datos de la Superintendencia de Pensiones (#SUPEN), se estima que el IVM cuenta con el 64,7% de los 320 mil afiliados anuales en promedio de nuestros regímenes básicos de #pensión (de 2017 a 2022), correspondiendo a ese régimen el 49,5%, de los ₡219 mil millones contribuidos anualmente en promedio para el mismo periodo.
Con razón, el ministro de #Hacienda, Nogui Acosta, advirtió a una comisión legislativa, el pasado 19 de febrero, que el impacto por el aumento de la cuota estatal sería devastador para el Estado, que no está en la capacidad de asumir aportes mayores.
Supongo que cuando los directores de la CCSS decidieron aumentar la #contribución (incluida la estatal), tenían muy en cuenta el impacto sobre las finanzas públicas y la capacidad de responder por parte de Hacienda a esos incrementos. Ja ja!
La #sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones pasa, en buena medida, por las posibilidades reales que tenga el Estado de financiarle, en particular, si se trata de un sistema de contribución definida, como el costarricense.
El reto no es menor. Esos sistemas se enfrentan a una población que envejece, donde habrá más beneficiarios y menos contribuyentes, acompañado por un incremento de la esperanza de vida, la caída de la tasa de fecundidad y la consecuente falta de reemplazo generacional, lo que genera tensiones financieras. Se proyecta, en el caso de América Latina (#Latam) para el 2050, la proporción de adultos dependientes será casi tan alta como la actual en países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (#OCDE) (28%), pero el gasto en pensiones como porcentaje del PIB será por lo menos 3% mayor de lo que es hoy.
Tal y como lo citamos en un artículo anterior SUPEN lanza sus cartas para dar sostenibilidad a pensión del IVM (podcastpage.io) la superintendente de pensiones (#SUPEN), Rocío Aguilar, hizo un llamado para que se abra una discusión nacional en torno al aporte patronal del Estado a las pensiones, sobre el que adelantó es necesario rediseñar la cuota estatal para que no sea sobre la remuneración del #trabajador.
Reseñamos en esa oportunidad, que un informe del 2020, de la OCDE, alertó para el 2030 el IVM tendrá que empezar a echar mano de sus reservas para financiar el déficit que provocará, entre otros factores, la reducción en las cotizaciones por el aumento en la edad de la población y por el incremento en la informalidad del empleo.
Pero la discusión no inicia, ni siquiera se mira en el horizonte; nadie salvo la superintendente y puñado de actores de la industria hablan de ello.
Como bien lo señalan analistas del Banco Interamericano de Desarrollo (#BID) en diversos artículos en su Blog Factor Trabajo https://blogs.iadb.org/trabajo/es/, necesitamos entonces no solo hablar de pensiones, sino ponernos manos a la obra con las acciones y cambios que se requieren para asegurarnos las pensiones sean equitativas, suficientes y que cubran a la mayor parte de la #población, así como para que el #envejecimiento no afecte al equilibrio #fiscal de los países. Además, para que el gasto público en pensiones no impacte negativamente la necesaria inversión en otras áreas fundamentales como infraestructura, educación o salud.
Sin duda, se trata de reinventar el sistema. Los sistemas tradicionales de pensiones, basados en la presencia de empresas y/o trabajadores formales aportando parte de sus ingresos para la jubilación, no sobrevivirá. Eso solo funciona en economías desarrolladas y con buen desempeño de sus instituciones formales; no en Latinoamérica, donde la informalidad laboral representa el 55% de la Población Económicamente Activa (#PEA) –en algunos países supera el 70%-. En Costa Rica ronda entre el 42% y 46%, según reporta el Instituto Nacional de Estadística y Censo (#INEC).
El rediseño de nuestro sistema de pensiones (y de cualquiera, en general) pasa de previo por tener claridad del compromiso fiscal (de gastos sociales y tributarios) que existe para atender las pensiones junto con otros objetivos sociales. Además, de una valoración adecuada del estado de la productividad laboral (y su evolución) y del desvío que pueda existir entre el nivel de productividad laboral y lo que por Ley se debe compensar al trabajador por su trabajo (marca el desincentivo a la atracción a la formalidad). Finalmente, y como bien lo reseñan los expertos del BID: es clave que el nuevo sistema de pensiones se entienda no como único y exclusivo objetivo de las personas, sino como uno más dentro de un abanico de objetivos sociales e individuales que tenemos a lo largo de nuestro ciclo vital.
En #Latam se han venido planteando estrategias innovadoras para optimizar la suficiencia, cobertura y sostenibilidad de los sistemas de pensiones, que abarcan el uso de mecanismos vanguardistas de cotización y adhesión, una menor vinculación de las #contribuciones a la situación laboral de los trabajadores, y la introducción de instrumentos financieros innovadores para aumentar la cobertura, mejorar el ahorro y proporcionar ingresos vitalicios durante la jubilación.
Como indiqué, la SUPEN, además de plantear el rediseño la cuota estatal para que no sea sobre la remuneración del trabajador, propone aumentar los ingresos, a partir de un incremento de las cuotas y el porcentaje de contribución, así como reducir el monto de la pensión recibida a partir de la unificación de la cuantía básica. Al planteamiento agrega la conformación de una pensión básica universal, es decir, pagar las pensiones mínimas del Régimen No Contributivo (#RNC) –administrado también por la CCSS- con financiamiento independiente de las cuotas obrero patronales.
Es urgente innovar. Un modelo de ahorro vía consumo, que permite a los trabajadores financiar sus pensiones a través de un porcentaje de sus compras en bienes y servicios, es una alternativa real. Esto permitiría superar las limitaciones de los sistemas de pensiones basados en cotizaciones laborales, como la evasión y la elusión de aportes, y adaptarse a realidades como la informalidad laboral, y el trabajo independiente. Al menos discutámosla!
Pero, los cambios de nuestro sistema de pensión me temo van más allá del diseño. Es necesario redefinir el concepto de #jubilación y extender el periodo de #trabajo activo y reformular la etapa de jubilación. Eso es lo que dicta la experiencia de países del mundo con procesos de envejecimiento más avanzados. Si la población envejece y la esperanza de vida es mayor, hay que pensar en alternativas para extender la vida laboral a los adultos mayores, deben crearse incentivos a nivel público y privado para que las personas mayores a 65 años (edad de jubilación en el caso costarricense) puedan seguir siendo productivas por mayor tiempo.
Esto es contrario a lo que observamos hoy, donde más bien encontramos en nuestras sociedades cierta discriminación a ese grupo etario, observamos que personas que superan los 45 años y hasta menos, les es bastante difícil colocarse laboralmente, se enfrentan a diario al edadismo.
Para hacer regímenes de pensiones sostenibles necesitamos también modernizar las #inversiones y sus reglas, fijarnos en el mercado de las rentas vitalicias y fortalecerlo (en el caso costarricense crearlo, como detallé en un anterior artículo Pensiones vitalicias para atacar riesgo de longevidad (podcastpage.io)).
En Costa Rica nos estamos quedando cortos en esta valoración de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. La deuda del Estado aumentó un 21% en un solo año, entre agosto 2022 y agosto 2023; en ese periodo pasó de ₡2,76 billones a ₡3,3 billones (incluye también el seguro de salud).
En diciembre del año pasado la CCSS y el Ministerio de Hacienda habían alcanzado un acuerdo de pago por ₡51.000 millones, que no incluyó fondos para el IVM.
Y ¿así pretendemos darle sostenibilidad a nuestro principal régimen de pensión? … estamos cortos, muy cortos en la solución!!