El superintendente interino de Pensiones, Tomás Soley, confirmó que los fondos generacionales en el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (#ROPC) regirán a partir del próximo 1 de abril de 2025. El jerarca señaló que no encuentra “razones técnicas ni jurídicas para variar el calendario normativo definido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (#Conassif) en el 2023”.
La introducción de los fondos generacionales es sin duda el cambio más grande que tendría el “ROP desde su creación. Si bien la iniciativa pretende mejorar la gestión de los recursos de los afiliados, las implicaciones de su diseño y aplicación generan serias dudas sobre su efectividad y los #riesgos que introduce en el sistema de #pensiones.
El principal problema radica en el diseño del esquema. Para optimizar los portafolios de #inversión y mejorar la tasa de #reemplazo, es fundamental que en las primeras etapas del fondo se asuman mayores niveles de riesgo que permitan un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Sin embargo, la rigidez del modelo planteado impide alcanzar este objetivo, reduciendo la capacidad de los fondos para generar mejores pensiones en el futuro.
Además, las restricciones normativas impuestas sobre la distribución de activos entre mercados nacionales e internacionales limitarían la posibilidad de diversificación y optimización del #rendimiento. Actualmente, los fondos de pensiones costarricenses mantienen una asignación de aproximadamente un 30% en renta variable y un 70% en renta fija, lo que ya los cataloga como extremadamente #conservadores en comparación con modelos internacionales. No obstante, la nueva estructura de los fondos generacionales, lejos de mejorar esta situación, impone aún más restricciones, dificultando la generación de rendimientos adecuados y perjudicando a los #afiliados.
Otro aspecto preocupante es que, si bien se argumenta que la reforma ayudará a reducir la #volatilidad de las inversiones, la realidad es que la volatilidad es un elemento inherente a la gestión financiera y no desaparecerá con la introducción de los fondos generacionales. Peor aún, los estudios técnicos demuestran que, aunque la #volatilidad se reduzca a lo largo del tiempo, también lo hará la rentabilidad, lo que afectará negativamente la tasa de reemplazo de los futuros #pensionados.
La transición hacia el nuevo modelo también podría tener efectos adversos en la #economía nacional. La necesidad de reestructurar los portafolios de inversión podría generar una demanda simultánea de instrumentos de cobertura por parte de las operadoras de pensiones, lo que afectaría la #liquidez del Mercado de Monedas Extranjeras (#Monex) y podría provocar fluctuaciones abruptas en el tipo de cambio. Asimismo, el reacomodo masivo de los portafolios podría generar volatilidad en los mercados financieros y afectar los macroprecios, con consecuencias impredecibles para la estabilidad económica del país.
Desde un punto de vista legal, también existen dudas importantes sobre la viabilidad de la reforma. Hasta el momento, no se ha presentado un estudio jurídico sólido que determine si el cambio en el ROP hacia fondos generacionales puede realizarse vía reglamentaria o si, por el contrario, requiere una modificación a la Ley de Protección al Trabajador (#LPT). El hecho de que esta reforma se esté impulsando sin claridad legal es preocupante y podría exponer al sistema de pensiones a riesgos innecesarios. ¡Ojo señoras y señores #diputados!
Incluso el presidente del Banco Central de Costa Rica (#BCCR) ha manifestado su preocupación ante la falta de estudios técnicos que analicen los posibles impactos económicos de la reforma. La reasignación de activos en cuatro fondos generacionales, según la edad de los afiliados, podría provocar efectos no deseados en variables macroeconómicas clave, como las #tasas de interés y el tipo de cambio. La ausencia de un análisis detallado sobre estos aspectos demuestra una preocupante improvisación en la toma de decisiones regulatorias.
Por último, es fundamental cuestionar los criterios técnicos utilizados para determinar la estructura de la reforma. Las autoridades no han explicado con claridad cuál es la base técnica para la división en cuatro cohortes generacionales, ni por qué se ha optado por una asignación específica de activos entre# títulos de #deuda y títulos representativos de propiedad. La falta de #transparencia en estos aspectos deja en evidencia que la #SUPEN está imponiendo una reforma sin el debido sustento técnico y sin considerar adecuadamente sus consecuencias a largo plazo. Parece tratarse de una imposición a huevo, como decimos en buen español, que no se entiende el porqué.
Como indiqué la implementación de los fondos generacionales en el ROPC representa la reforma más importante del sistema de pensiones costarricense en los últimos 25 años. Sus efectos serán profundos y afectarán directamente la calidad de vida de miles de costarricenses en su #vejez. Sin embargo, la premura con la que se está impulsando y la falta de estudios rigurosos que respalden su efectividad ponen en duda la conveniencia de esta medida. ¿Por qué?
No se puede jugar con el futuro de las pensiones de la población. Antes de implementar una reforma de tal magnitud, es imperativo realizar estudios técnicos y legales exhaustivos, así como abrir un espacio de discusión amplio que permita evaluar sus verdaderas implicaciones. La SUPEN no puede imponer esta transformación a la fuerza y sin la debida justificación. La seguridad financiera de los jubilados de hoy y mañana depende de que se actúe con responsabilidad y no con apresuramiento.
A quienes afirman que la industria, el mercado y los trabajadores (ahorrantes) están preparados, les reto a que efectúen un simple sondeo, particularmente, entre los futuros pensionados, a ver si siquiera saben qué son los fondos generacionales y cómo funcionan y cuáles son sus efectos sobre sus ahorros para pensión. ¡Las respuestas son obvias, porque no se ha hecho el esfuerzo suficiente por informar y educar por parte de los principales impulsores! Cuidado este punto es la principal causa del fracaso de la reforma.