El Banco Central de Costa Rica volvió a optar por la quietud. En su quinta reunión de política monetaria de 2026, la Junta Directiva decidió, por cinco votos contra dos, mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 3%, nivel en el que permanece desde julio. La justificación oficial descansa en la incertidumbre externa: interrupciones en el tránsito de petróleo en Oriente Medio, el agravamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción de alimentos. Son riesgos reales, nadie lo discute. Lo que merece discusión es si esos riesgos, todavía hipotéticos, justifican ignorar los datos que ya están sobre la mesa.
Y los datos son elocuentes. La inflación interanual de agosto fue de -0,17%. El índice acumula 40 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia que el propio Banco Central fijó entre 2% y 4%. Cuarenta meses son más de tres años. En cualquier otra circunstancia, un incumplimiento tan prolongado de la meta, si fuera por encima, habría provocado una reacción enérgica de la autoridad monetaria. Cuando el incumplimiento es por debajo, en cambio, parece tolerarse con una paciencia que no se explica del todo. La meta de inflación es simétrica o no es meta: fallar sistemáticamente por abajo también erosiona la credibilidad de la institución, porque le comunica al mercado que el rango anunciado no es un compromiso sino una referencia decorativa.
A esto se suma que el mismo Banco Central reconoce que la actividad económica interna se ha desacelerado y que se espera una moderación de la demanda externa. Es decir, el diagnóstico oficial describe una economía que pierde tracción, con precios que no crecen y con un entorno internacional que tampoco empujará el crecimiento. Si ese no es el escenario para un estímulo monetario moderado, cuesta imaginar cuál lo sería.
El comunicado sostiene que mantener la tasa es coherente con una postura "ligeramente expansiva, cercana a la neutralidad". La afirmación merece un examen más detenido. Esa caracterización se apoya en las expectativas de inflación, no en la inflación observada. Pero hogares y empresas no pagan sus deudas con expectativas: con precios prácticamente estancados, una tasa nominal de 3% se traduce en un costo real del dinero cercano a ese mismo nivel para quien toma crédito hoy. Y aun aceptando la lectura oficial, una postura neutral resulta insuficiente cuando la inflación lleva más de tres años por debajo del piso y la actividad se enfría. La neutralidad es adecuada cuando la economía está en equilibrio; no cuando está por debajo de él.
Hay además un problema de fondo en el razonamiento. Los choques que invoca la Junta Directiva son, en su mayoría, choques de oferta: encarecimiento del petróleo, de sus derivados y de los alimentos por factores climáticos o geopolíticos. La doctrina monetaria más aceptada recomienda no reaccionar ante los efectos directos de este tipo de choques, porque la tasa de interés no produce más petróleo ni mejora cosechas. Lo que corresponde vigilar son los efectos de segunda ronda, es decir, que esos aumentos se contagien a salarios y expectativas. Con una inflación cercana a cero y expectativas contenidas, ese riesgo luce bajo. Anticiparse a un choque de oferta que aún no se materializa, a costa de una economía que ya se está desacelerando, es invertir el orden de las prioridades.
Conviene reconocer los argumentos del otro lado, porque existen. Un recorte de tasas mientras las condiciones financieras internacionales se vuelven más restrictivas podría estrechar el diferencial con las tasas externas, presionar el tipo de cambio y alterar los flujos de capital. También es cierto que el Banco Central anticipa que la inflación de setiembre regrese a terreno positivo. Pero ninguno de estos factores exige inmovilidad total. Una reducción moderada, de 25 puntos base, habría enviado una señal coherente con el diagnóstico interno sin comprometer la estabilidad cambiaria, y habría dejado a la institución con margen para corregir si los riesgos externos se concretan. La política monetaria no es un interruptor de todo o nada.
El voto dividido es, en sí mismo, revelador. Que dos de los siete directivos abogaran por reducir la tasa confirma que el espacio para bajarla no es una ocurrencia de analistas externos, sino una lectura que existe dentro de la propia Junta. Así lo señalan también voces del mercado, que advierten que el Central todavía tiene margen para disminuir su tasa de referencia, en especial ante las señales de ajuste a la baja en la actividad económica.
La prudencia es una virtud en la conducción de la política monetaria, y quien la ejerce merece respeto. Pero la prudencia consiste en ponderar riesgos con equilibrio, no en otorgarle peso decisivo a los que podrían venir mientras se descuentan los que ya están presentes. Mantener la tasa ante una inflación que lleva cuarenta meses fuera de meta y una economía que se enfría no es cautela: es inercia con buen vocabulario. El costo de esa inercia lo pagan, mes a mes, los deudores en colones y las empresas que postergan inversiones a la espera de condiciones crediticias que el propio Banco Central tiene la capacidad de mejorar.
La próxima oportunidad será el 26 de noviembre, en la última reunión del año. Ojalá para entonces la Junta Directiva mire con el mismo rigor los datos que tiene en la mano que los riesgos que imagina en el horizonte.