El reciente paquete de propuestas impulsado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para reformar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no es una simple actualización paramétrica: es, en la práctica, una redefinición del contrato social que históricamente ha sostenido el sistema de pensiones costarricense.
Bajo el argumento de la sostenibilidad, las medidas en análisis revelan una tendencia clara: trasladar progresivamente el peso del ajuste hacia el trabajador cotizante, mientras el sistema busca ganar oxígeno financiero en el mediano y largo plazo.
Más años de trabajo: la sostenibilidad empieza por el tiempo
Uno de los cambios más relevantes es el aumento en el número de cuotas requeridas para pensionarse, pasando de 300 a 360. En términos prácticos, esto implica que miles de trabajadores deberán prolongar su vida laboral o enfrentar el riesgo de no cumplir con los requisitos.
Desde la lógica actuarial, la medida es difícil de cuestionar: más años cotizando y menos años recibiendo pensión alivian la presión financiera del sistema. Sin embargo, desde la realidad del mercado laboral costarricense, el planteamiento es más problemático.
El supuesto implícito es que los trabajadores tienen trayectorias laborales estables y continuas, algo que dista de ser cierto en un contexto marcado por informalidad, desempleo intermitente y envejecimiento laboral. En ese escenario, el aumento de cuotas no solo posterga la pensión, sino que eleva el riesgo de exclusión del sistema.
Pensiones más bajas: el ajuste silencioso
Otro eje central es la redefinición de la tasa de reemplazo. La aspiración de una pensión equivalente al 60% del salario (combinando IVM y ROP) implica, en la práctica, una reducción del peso del régimen básico.
Esto tiene varias implicaciones:
El IVM deja de ser el pilar dominante.
El monto de pensión futura será más bajo, especialmente para clases medias.
Se incrementa la dependencia del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), sujeto a volatilidad financiera.
El cambio no es menor. Supone pasar de un modelo donde el Estado garantizaba una proporción relativamente estable del ingreso, a uno donde el resultado final dependerá en mayor medida del desempeño de los mercados y del ahorro individual.
En otras palabras, se socializan menos los riesgos y se individualizan más las consecuencias.
Nuevos ingresos: soluciones parciales, tensiones estructurales
Las propuestas incluyen mecanismos para fortalecer los ingresos del sistema: redistribución de cargas existentes, posibles aportes desde el consumo e incluso contribuciones adicionales de pensionados.
Si bien estas medidas son necesarias, también evidencian una limitación estructural: el sistema requiere más recursos, pero existe resistencia a aumentar las cargas directas sobre trabajadores y empleadores.
El resultado es un esquema híbrido que:
No resuelve completamente el problema de financiamiento.
Introduce nuevas tensiones distributivas.
Puede trasladar costos de forma indirecta a la población.
El pensionado también paga: cambio en la lógica solidaria
La posibilidad de que los pensionados contribuyan al seguro de salud, así como la introducción de aportes solidarios para pensiones altas, marca un cambio relevante en la filosofía del sistema.
Históricamente, la jubilación representaba una etapa de protección plena. Con estos ajustes, se introduce la idea de que el pensionado también debe seguir financiando el sistema.
Aunque esto mejora la progresividad y la sostenibilidad, también implica una reducción en el ingreso disponible durante la vejez, lo que puede afectar la calidad de vida, especialmente en un contexto de inflación y aumento del costo de vida.
Mayor dependencia del ROP: ¿fortalecimiento o desplazamiento?
Uno de los elementos más significativos —y menos discutidos— es el fortalecimiento implícito del ROP como complemento esencial.
Esto transforma la arquitectura del sistema:
El IVM pierde centralidad.
El ahorro individual gana protagonismo.
El riesgo se traslada del colectivo al individuo.
Si bien este enfoque puede mejorar la sostenibilidad financiera, también introduce desigualdades más marcadas, ya que los resultados dependerán de la capacidad de ahorro y del historial laboral de cada persona.
Para el sistema: una reforma necesaria, pero incompleta
Desde la perspectiva institucional, el paquete de medidas apunta correctamente a tres objetivos:
Reducir el crecimiento del gasto
Aumentar los ingresos
Mejorar la gestión de los recursos
Sin embargo, el enfoque sigue siendo predominantemente paramétrico. Es decir, ajusta variables clave sin transformar de fondo los problemas estructurales del sistema, como:
La informalidad laboral
La baja densidad de cotización
La desigualdad en ingresos
La transición demográfica acelerada
Sin atacar estas raíces, la reforma corre el riesgo de ser solo un alivio temporal.
El dilema de fondo: sostenibilidad vs. legitimidad
La gran tensión de esta reforma no es técnica, sino política y social.
Desde el punto de vista financiero, muchas de las medidas son razonables e incluso inevitables. Pero desde la óptica del trabajador, el mensaje es distinto:
Se trabaja más
Se recibe menos
Se asume más riesgo
Esto plantea un problema de legitimidad. Un sistema de pensiones no solo debe ser sostenible, sino también percibido como justo. Si los trabajadores sienten que el contrato social se debilita, la confianza en el sistema puede erosionarse, incentivando la evasión, la informalidad o la búsqueda de alternativas fuera del régimen.
Conclusión: una reforma que redefine el pacto social
Lo que está en discusión no es únicamente cómo salvar al IVM, sino qué tipo de sistema de pensiones quiere Costa Rica.
Las propuestas de la Caja Costarricense de Seguro Social apuntan a un modelo más sostenible, pero también más exigente para el trabajador. El equilibrio entre ambas dimensiones será determinante.
Si la reforma no logra distribuir de forma equitativa los costos del ajuste, corre el riesgo de resolver el problema financiero a costa de debilitar el compromiso social que le da sentido al sistema.
Y sin ese compromiso, ninguna reforma será suficiente en el largo plazo.