Un proyecto de ley presentado por el diputado liberacionista José Francisco Nicolás busca que, por única vez, se autorice a  los trabajadores afiliados a una Operadora de Pensión Complementaria (OPC), a solicitar el traslado desde su cuenta, hasta el 30 % de su saldo, para que realicen el pago de las deudas que tengan con el sistema financiero nacional, cooperativas, asociaciones solidaristas y casas de préstamo o empeño.

La iniciativa del verdiblanco podrá tener una buena intención pero apunta en la dirección equivocada y su resultado tampoco sería el que el congresista posiblemente se imagina. Por supuesto, que es una iniciativa aplaudida por las masas (máxime en estos momentos de rendimientos negativos de esos fondos), difícil de entender su oposición, lo que únicamente se explica por la bajísima educación financiera que en general ostenta nuestra población, y que justamente sirve para que cuando se presentan “ocurrencias” de este tipo, sean respaldadas y aplaudidas sin medir las consecuencias reales (sobre las mismas personas).

Veamos: a agosto anterior el Activo Neto del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROPC) era de ₵9.48 billones, que se distribuye en promedio entre 2.948.497 cuentas de afiliados; es decir, el ahorro promedio por afiliado es de ₵3,2 millones. Si a esa cantidad le retiramos el 30%, se entregaría a cada afiliado en promedio ₵965.100.

Para ser más precisos y empleando los datos que la SUPEN dio a la Comisión de la Asamblea Legislativa que estudia el proyecto de ley de Nicolás, el 31% de los afiliados recibiría ₵1,5 millones o menos, mientras que el 50% de los afiliados recibiría 300 mil colones o menos.

Ahora bien, sucede que el nivel de deuda promedio en el Sistema Financiero Nacional, según la SUGEF, es de ₡13 millones (esto no incluye las deudas adquiridas directamente con almacenes de electrodomésticos por ejemplo, que a juzgar por el buen negocio que son para los almacenes, deben ser de buena cuantía).

En otras palabras, para más del 80% de las personas no es una solución real y, naturalmente, su impacto en los créditos hipotecarios o prendarios que pueda tener una persona con una entidad financiera, será casi que nulo.

Por el contrario, en caso de hacerse el retiro, si tendría un impacto real sobre los fondos de pensiones y sobre la futura pensión del trabajador. Empleando los datos que la SUPEN expuso a la diputados, observamos que recuperar el monto retirado implicaría laborar 7 años (según la suficiencia de la pensión y la aspiración a una tasa de reemplazo del 60%), además de reducir el monto esperado de la pensión complementaria entre el 15 y 20%.

Esos serían los efectos a largo plazo, pero la realidad es que en el corto plazo también se impactarían el valor de las inversiones (de por sí ya afectadas por temas coyunturales), lo que no solo afectaría a quienes retiren, sino a todos los afiliados de los fondos. Esto es ineludible. Estamos hablando de que el 7,99% del Producto Interno Bruto en ahorro debe convertirse en disponible para cancelar retiros de los afiliados, eso no se lo brinca nadie por más mecanismos que puedan darse a las OPC para dar liquidez a sus fondos.

Y esto significa, ni más ni menos, que cuando los fondos salgan a liquidar posiciones (siendo sus títulos en mayoría de largo plazo), se van a presionar los precios de esos valores hacia la baja y en consecuencia las tasas de interés al alza (y también en el tipo de cambio). Pero además ese retiro de recursos del ROPC (si bien para pagar deuda), sí o sí, significa un importante riesgo inflacionario, justo en un periodo donde apenas empieza a revertirse el aumento general de precios (y del tipo de cambio).

A esto es a lo que en buen tico llamamos que nos salga “más caro el caldo que los huevos”, y peor aún que la consecuencia de una “ocurrencia política” nos vaya a afectar a todos, no solo a quienes finalmente decidan hacer el retiro de sus fondos.

Para quienes defienden el proyecto de ley les invito a analizar la experiencia en Chile y Perú (donde se han realizado retiros parciales, que empezaron igual como lo propone la iniciativa  con la intención de que fueran por una única vez), son ejemplos de los que debemos aprender, justo para que nos pase lo mismo.

Resolver los problemas de endeudamiento de los trabajadores, de la población en general, pasa por otras iniciativas, de otra índole, no y de ninguna manera, restando a los fondos de pensión. En la solución de esos problemas los bancos tienen mucho que aportar y tela que cortar (igual que los reguladores), y aunque algunos de ellos son dueños de las mismas OPC, finalizo diciendo, que me llama de sobremanera el silencio casi sepulcral que guardan con respecto a esta iniciativa de ley. ¿Por qué será?